El modelo tripartito del INFONAVIT ha sido clave para la vivienda de los trabajadores. Sin embargo, recientes reformas plantean retos que deben atenderse para preservar su equilibrio y transparencia.
Agencia Excélsior
El INFONAVIT ha sido un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores, garantizando acceso a créditos para vivienda y protegiendo sus recursos. Su estructura tripartita ha demostrado ser un mecanismo eficaz de transparencia y equidad, evitando el desvío de fondos y asegurando el cumplimiento de su misión social.
Para garantizar que los trabajadores y sus familias cuenten con una vivienda digna, la Constitución establece que este derecho debe cumplirse mediante las aportaciones empresariales a un fondo nacional de vivienda. Cada depósito se asigna a una cuenta individual identificada con nombre y apellido, reforzando la protección patrimonial de cada derechohabiente.
Asimismo, la Constitución estipula que la administración del fondo debe ser tripartita, con representación del gobierno federal, los trabajadores y los empleadores. Esta integración ha sido crucial para garantizar el uso adecuado de los recursos y evitar su desvío a otros fines.
Recientemente, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley del INFONAVIT que, aunque ajustada por la Cámara de Diputados para restablecer cierto equilibrio tripartito, aún presenta aspectos preocupantes. La creación de una empresa filial dedicada a la construcción de viviendas y el incremento del control gubernamental en la administración podrían afectar la eficiencia y transparencia del Instituto.
Además, la eliminación de las direcciones sectoriales debilita la capacidad de los trabajadores y empleadores para cumplir sus funciones, reduciendo el respaldo técnico necesario para mejorar su representación. Por ello, es fundamental mantener una presidencia rotativa o asignarla a un representante gubernamental distinto al director general, evitando conflictos de interés y preservando el equilibrio tripartito; ampliar la supervisión de la CNBV y la SHCP a toda la operación del INFONAVIT, no solo a los aspectos crediticios; restaurar el papel de la Asamblea General como autoridad máxima para aprobar planes, programas y presupuestos; asegurar que la empresa filial de construcción de viviendas esté sujeta a los mismos controles y supervisión que el INFONAVIT; mantener o transformar las direcciones sectoriales en coordinaciones adscritas al Consejo de Administración para fortalecer la rendición de cuentas; y preservar la aprobación de nombramientos en la Asamblea General para garantizar una evaluación tripartita del candidato.
Asimismo, resulta prioritario analizar el derecho de veto del Director General, ya que su uso podría restringir la eficacia del Consejo de Administración y la Comisión de Vigilancia en la toma de decisiones clave para el INFONAVIT, por lo que revisar y redefinir este mecanismo permitirá fortalecer la gobernanza del Instituto y garantizar un funcionamiento más transparente y equitativo.
El modelo tripartito ha sido clave para el éxito del INFONAVIT, asegurando la asignación de millones de créditos y la protección del patrimonio de los trabajadores. Es imperativo que el Senado reconsidere la iniciativa, integrando la perspectiva de los sectores productivos en las modificaciones recibidas por la Cámara de Diputados.
No debemos olvidar que quienes mejor cuidan los recursos son aquellos que los generan y sus legítimos dueños. Desde el sector empresarial, reafirmamos nuestro compromiso de vigilar que los recursos del INFONAVIT se utilicen únicamente para garantizar un hogar digno y seguro a cada trabajador.
