Manuel Monroy | Tuxtla Gutiérrez
La legisladora de Acción Nacional en el Congreso del estado de Chiapas, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, calificó de serviles a diputados de Morena, luego de que éstos defendieran la iniciativa aprobada por la que cancelará una elección en la que se detecte intervencionismo extranjero.
«Hoy Morena y sus aliados pretenden vendernos una cortina de humo como un acto de defensa de la soberanía nacional, tras de que la Jefa del Ejecutivo federal habla por espacios prolongados del intervencionismo, al asegurar que no existe», dijo.
Subrayó la diputada que la realidad es otra y lo que se busca no es proteger a México, sino cobijar a narco políticos y seguir debilitando la democracia desde el poder. «Mientras habla la Presidenta de intervencionismo, se niega a reconocer la intromisión del crimen organizado en campañas electorales».
Tras aseverar que hay regiones en el país donde «otros» deciden quién puede competir electoralmente, lamentó que en estos hechos se sepa de candidatos intimidados con amenazas, asesinato de políticos y el miedo con el que se viven las elecciones en muchos estados, «pero de eso parece que se olvidan y nadie habla».
Recordó que el PAN propuso que, si realmente se quiere proteger la voluntad popular, se debe incluir como causal de nulidad de elecciones la intervención del crimen organizado y del narcotráfico a favor o en contra de cualquier candidatura, «pero parece que Morena no quiere, pues está metido en eso hasta las chanclas».
Ibarra Gallardo aseguró que algunos son muy valientes para hablar de enemigos externos, pero profundamente cobardes cuando se trata de enfrentar a los criminales. «Quieren anular elecciones por intervención extranjera, pero no quieren anularlas cuando el narco las financia, moviliza votos, amenaza y mata candidatos».
Al respecto, señaló que un ejemplo de lo anterior es Sinaloa, donde el expresidente Obrador visitó Badiraguato 14 veces y realizó visitas de cortesía a la mamá de Joaquín «El Chapo» Guzmán. «Esa es la contradicción brutal y el pueblo tiene derecho a preguntar por qué se niegan a mencionar el crimen organizado en una reforma constitucional».
