Por Héctor Estrada
En Chiapas hay historias que parecen no terminar nunca. Expedientes que se acumulan, observaciones oficiales que permanecen sin consecuencias y personajes políticos que, sin importar el tamaño de los señalamientos, continúan transitando de un cargo público a otro con absoluta impunidad. Pocas trayectorias ejemplifican mejor ese fenómeno que la de Sasil de León Villard.
Durante los últimos años, distintas entregas de esta columna han documentado una larga cadena de cuestionamientos públicos, auditorías, denuncias periodísticas y observaciones relacionadas con su paso por la administración estatal y su posterior carrera legislativa. Sin embargo, el común denominador ha sido el mismo: la ausencia de consecuencias legales.
El caso más emblemático sigue siendo el de la entonces Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM), dependencia encabezada por Sasil de León entre 2013 y 2015. Para nadie es un secreto que durante el gobierno de Manuel Velasco Coello Sasil de León se convirtió en una de las principales operadoras y orquestadoras del desvío de recursos públicos para la alimentación de programas asistencialistas con fines electorales.
Desde SEDEM se bajaron recursos federales para la ejecución de programas como “Bienestar, de Corazón a Corazón” para alimentar estructuras del Partido Verde. Se trataba de un programa asistencialista al que se le destinó anualmente un presupuesto aproximado de 200 millones de pesos (mdp), transformados en “apoyos” económicos (de 500 pesos) o despensas, para manipular, condicionar o abusar de alrededor de 40 mil madres solteras de escasos recursos.
Tras la salida de Sasil para convertirse en diputada federal y luego en delegada de Sedesol, su hermana Itzel de León tomó el cargo en la SEDEM donde continuó con el reclutamiento de líderes de sector en diversas colonias, barrios y ejidos de Chiapas para formar grupos de mujeres (madres solteras o no) a quienes se empadronó y afilió de manera ilegal al PVEM. La única condición para seguir recibiendo el “apoyo gubernamental” era acudir a los eventos que se les dijera y garantizar votos durante los comicios.
La Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer se convirtió en una de las dos dependencias estatales que más recursos recibió durante el sexenio de Velasco Coello. Las irregularidades y malversación de recursos al interior de la dependencia se volvieron un secreto a voces, además de la constante exigencia de grupos feministas y ONG´s para sacar a las hermanas De León Villard de la dependencia debido a las graves omisiones y obstaculización a la lucha contra la violencia de género en Chiapas.
Sin embargo, fue hasta a finales de 2017 y principios de 2018 cuando la cloaca se destapó. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer la detección de un desvió de recursos por más de 685 millones de pesos mediante el programa “Bienestar, de Corazón a Corazón. La dependencia había intentado justificar 44 contratos para la realización de eventos masivos y publicidad con facturas que finalmente fueron señaladas como irregulares por el organismo auditor.
Aquellas observaciones incluso llegaron al Senado de la República mediante exhortos públicos para esclarecer el destino de los recursos. No obstante, con el cambio de gobierno federal y la nueva correlación política, el caso terminó diluyéndose sin que se conociera una sanción penal firme contra los principales responsables señalados públicamente.
Aunque finalmente el desvío de recursos fue extrañamente perdonado, De León Villard se ha convertido en artífice y ejecutora de muchas encomiendas políticas dadas por su amigo y padrino político (Manuel Velasco) dentro de otras fuerzas partidistas donde el exgobernador también tiene metida las manos. Fue pieza negociadora para acercar al ex Partido Encuentro Social con Obrador, luego a Encuentro Social y ahora con el nuevo Partido Paz, que es prácticamente el resurgimiento de los mismos partidos satélite aliados de Morena.
Más recientemente, nuevas investigaciones periodísticas colocaron nuevamente su patrimonio bajo escrutinio al exhibir presuntas inconsistencias entre declaraciones patrimoniales, créditos hipotecarios de hasta 330 mdp y el nivel de vida mostrado públicamente. Esos reportes, sin embargo, tampoco han derivado —hasta donde existe información pública disponible— en resoluciones judiciales que acrediten responsabilidades.
Mientras tanto, Chiapas sigue observando cómo una parte importante de la clase política cambia de colores partidistas con sorprendente facilidad, pero conserva intactos sus espacios de poder. Los gobiernos pasan, las alianzas cambian y los discursos anticorrupción se renuevan cada sexenio. Lo que permanece es la sensación de que existen personajes para quienes la rendición de cuentas nunca alcanza.
Porque, cuando las auditorías no concluyen, las denuncias se congelan y los expedientes desaparecen del debate público, el mensaje para la ciudadanía resulta devastador: no importa la magnitud de los señalamientos; lo verdaderamente importante es conservar el poder suficiente para mantenerse políticamente protegido. Y mientras eso siga ocurriendo, la impunidad continuará siendo el cargo público más duradero de muchos políticos Chiapas… así las cosas.
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