Agencia Excélsior/CDMX
Durante años, Luis Miranda Contreras se movió en un terreno donde el dinero público, los funcionarios y las decisiones administrativas formaban parte de su actividad cotidiana. Fue Tesorero General y secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013, durante el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa.
Ahora, su nombre vuelve a aparecer en una investigación, pero en un escenario muy distinto. Autoridades de seguridad federal y del Estado de México lo señalan como presunto líder de una red que habría utilizado Inteligencia Artificial para clonar voces de funcionarios y personajes públicos, hacerse pasar por ellos y extorsionar a políticos, servidores públicos y empresarios.
Miranda Contreras fue detenido en el fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México, junto con Liliana “N”, su esposa; Luis Samuel “N”, su hijo; Aimee de Guadalupe “N”, su hija, y Agustín Arturo “N”, identificado como su escolta.
La investigación apunta a una estructura familiar en la que la tecnología habría sido utilizada como una nueva herramienta para un método de engaño que comenzaba mucho antes de la llamada en la que se exigía dinero.
El primer paso: ganarse la confianza
La red, de acuerdo con las indagatorias, no comenzaba pidiendo dinero.
Primero buscaba información.
Los integrantes contactaban mediante llamadas o mensajes de texto a números personales de políticos, funcionarios y empresarios. Para acercarse a sus objetivos se presentaban como secretarios particulares de personajes con influencia y aprovechaban ese primer intercambio para obtener datos sobre agendas, dependencias, funcionarios, operaciones políticas o asuntos económicos.
Uno de los mensajes utilizados para abrir la puerta era aparentemente rutinario…
Mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”.
La frase funcionaba como una presentación aparentemente legítima. Después llegaba la llamada.
El supuesto funcionario decía tener instrucciones “superiores” y planteaba una petición que podía involucrar dinero para “la operación política o agilizar pagos”, la incorporación de una persona a una estructura administrativa o incluso la recomendación de contratar los servicios de determinado proveedor.
El engaño, según las autoridades, se reforzaba con los detalles.
Los números utilizados por los integrantes de la organización tenían fotografías de perfil, logotipos, nombres oficiales o elementos visuales relacionados con gobiernos y organizaciones políticas. El objetivo era que, cuando apareciera la llamada o el mensaje en el teléfono de la víctima, la identidad del supuesto funcionario pareciera auténtica.
