Garantizarán que violentadores familiares, sexuales o deudores alimentarios, no sean candidatos

MANUEL MONROY/Tuxtla Gutiérrez
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas y el Poder Judicial del Estado, firmaron un acuerdo para garantizar el cumplimiento del mecanismo “8 de 8 contra la violencia”, el cual busca que los sancionados por violencia familiar, sexual o deudores alimentarios, no sean candidatos a puestos de elección popular.
La consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, dijo estar convencida de que erradicar la violencia de género no depende de una sola norma ni de un solo momento. Implica, dijo, impulsar mecanismos y herramientas que permitan prevenir las conductas de violencia en razón de género, y desincentivar su comisión.
A su vez, la consejera presidenta del IEPC, Marina Martha López Santiago, enfatizó que la 8 de 8 recuerda que el ejercicio del poder público implica responsabilidades y que quienes aspiran a representar a la ciudadanía deben cumplir con las condiciones legales para hacerlo.
Aseguró que este convenio permitirá a la autoridad electoral, contar con información confiable y oportuna, lo que será fundamental para revisar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las personas que aspiren a una candidatura.
En su intervención, Juan Carlos Moreno Guillén, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, señaló que la función pública exige congruencia y ética. “Es incompatible aspirar a un cargo de representación popular con antecedentes de violencia o como persona deudora alimentaria».
Entre quienes estuvieron en este evento se contó con la presencia de representantes y dirigentes estatales de los partidos políticos con registro en Chiapas.