CHRISTIAN GONZÁLEZ/Chenalhó
El conflicto postelectoral de Chenalhó de 2015 a 2018 constituye una experiencia que debería ser estudiada cuidadosamente, consideró Diego Cadenas, exdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Luego del asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos, ocurrido el miércoles pasado en la localidad de Yabteclum, de esa municipalidad, externó que la elección de Rosa Pérez Pérez como alcaldesa de ese lugar, su posterior destitución y restitución judicial estuvieron acompañadas de expresiones de violencia política de género, pero también de disputas por el control del gobierno municipal, enfrentamientos armados y desplazamientos forzados.
Desde su experiencia de acompañamiento a las familias desplazadas del ejido Puebla, consideró que aquel conflicto contribuyó a fortalecer estructuras armadas que no necesariamente desaparecieron con el término de la administración municipal.
Sugirió que la experiencia de Chenalhó también obliga a reflexionar sobre la manera en que el Estado pretende garantizar la paridad efectiva en los gobiernos municipales.
“No cuestiono el propósito de que las mujeres accedan en condiciones de igualdad al ejercicio del poder político. Por el contrario, considero que es una obligación constitucional y una deuda histórica que debe atenderse”, dejó en claro.
Sin embargo, dijo que su cuestionamiento se basa en que una medida concebida para garantizar derechos pueda aplicarse de manera uniforme, sin considerar suficientemente las diferencias históricas, culturales, políticas y sociales que existen entre los municipios indígenas de Chiapas.
MÁS PROBLEMAS
“Mi hipótesis es que algunas de esas estructuras conservaron capacidad de control territorial y comunitario, y luego intervinieron en conflictos que ya respondían a otros intereses, entre ellos las disputas agrarias, el control de recursos y las confrontaciones internas”.
Agregó: “No afirmo que esté demostrada una relación directa entre aquellos grupos y el asesinato de Reynaldo Pérez Pérez. Lo que sostengo es que esa continuidad histórica debería constituir una línea de investigación que no puede descartarse por el simple hecho de que actualmente se atribuyan muchos episodios de violencia al crimen organizado”.
En septiembre de 2026, recordó, la reforma de paridad efectiva en Chiapas dio lugar a una insaculación para determinar los municipios donde los partidos deberán postular solo a mujeres a las presidencias municipales y aquellos donde podrán postular indistintamente a mujeres u hombres.
Por una ironía del destino, subrayó el también exdirector del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, Chenalhó quedó clasificado como municipio de género libre. “El sorteo, desde luego, no constituye un diagnóstico de las condiciones de gobernabilidad ni de los riesgos existentes en las comunidades”.
Por eso, opinó que es necesario incorporar mecanismos de consulta previa cuando correspondan jurídicamente, acompañados de diagnósticos interculturales y evaluaciones de riesgo.
Una consulta libre, informada y culturalmente adecuada podría permitir conocer las tensiones existentes entre las localidades, los niveles de participación de las mujeres, la legitimidad de las autoridades comunitarias, las diferencias sobre las formas de representación y los antecedentes de violencia que pudieran comprometer la integridad de la población, resaltó.
Sus resultados ─acotó─ no deberían utilizarse para someter los derechos políticos de las mujeres a la aprobación de una mayoría, mucho menos para justificar prácticas discriminatorias, sino que deberían servir para determinar qué medidas adicionales de diálogo, protección, participación y fortalecimiento institucional se requieren para garantizar esos derechos en condiciones de seguridad.
“Una consulta tampoco puede reducirse al resultado de una votación. Es necesario escuchar a las mujeres indígenas, a las personas desplazadas y a los distintos sectores comunitarios, sobre todo cuando existen amenazas o condiciones que impiden expresar libremente las opiniones”.
La igualdad sustantiva no exige desconocer las diferencias entre los pueblos. Exige reconocerlas para eliminar los obstáculos que impiden ejercer los derechos, destacó.
La muerte de Reynaldo Pérez Pérez, después de años de amenazas y de acompañamiento a comunidades desplazadas, “nos recuerda las consecuencias que puede tener la persistencia de conflictos armados insuficientemente atendidos”.
Resaltó que, sin duda, la paridad efectiva, la autonomía indígena y la prevención de la violencia no deberían desarrollarse como políticas públicas separadas, porque no se trata de adaptar los derechos humanos a la violencia existente, sino de transformar las condiciones que impiden ejercerlos.
“Porque una mujer puede obtener legítimamente una presidencia municipal y, sin embargo, no disponer de las condiciones necesarias para gobernar. Y una comunidad puede participar formalmente en una elección mientras sus habitantes continúan sometidos a amenazas, desplazamientos y control armado. Ninguna de esas situaciones representa una democracia sustantiva”.
Diego Cadenas insistió en que el desafío consiste en hacer efectivos, simultáneamente, los derechos políticos de las mujeres, la autonomía de los pueblos indígenas y el derecho de todas las personas a vivir en paz.
