CHRISTIAN GONZÁLEZ/Tuxtla Gutiérrez
Por segundo día consecutivo, empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Chiapas se mantuvieron en paro nacional, como parte de una movilización en todos los estados del país contra una nueva medida cuyo objetivo es acabar con las bases.
Aldo Reyes Marroquín, oficial judicial de base con casi 10 años de laborar en el PJF, explicó que los compañeros y compañeras optaron por sumarse a la protesta pacífica en busca del respeto a sus derechos laborales.
“Y lo que nos desconcierta ahora es la publicación, el día de ayer (pasado jueves), del acuerdo general del Órgano de Administración Judicial que establece los lineamientos para efectuar la evaluación a personal de carrera judicial, a oficiales, secretarios y actuarios”, especificó.
Tras resaltar que ellos a lo que menos miedo le tienen es a una evaluación, confesó que sí les inquieta es que la forma en que se aplique sea “punitivo” y que personal de base pueda perder la misma.
“En lo personal, hice un curso de un año, obtuve una cédula profesional para ser secretario, hice un examen de aptitud y por eso tengo una validación para ocupar un cargo de esa naturaleza”, especificó.
Reconoció que el actualizarse es algo positivo y más para quienes requieren del servicio del PJF, a quienes claman, que solicitan un amparo y que van a una revisión de un asunto que, en concreto, “tenemos en nuestras manos”.
Reiteró que, una evaluación que podría ser subjetiva, les impactaría en gran medida, como durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se intentó aplicar una evaluación al magisterio, mismo que calificó de punitiva esta medida.
“Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dio marcha atrás a eso que hizo Peña, esa forma punitiva de decirte que, si no pasas, te despiden… aunque pasemos con excelencia ese examen, aunque jurídicamente esté bien preparado, eso dará pauta a que en uno o dos años perdamos el empleo”, especificó.
En Chiapas existen alrededor de 1,200 trabajadores del PJF, diseminados en diferentes sedes, tanto en Tuxtla, Tapachula y Cintalapa. A nivel nacional, son más de 33 mil los que concentra esa institución.
Ante este panorama, los empleados se mantendrán en lucha hasta que se les haga justicia y no se atente contra lo que por tanto tiempo ellos buscaron de forma legal.
“Tenemos desconfianza, porque el proceso, como ya lo dijimos, puede ser amañado”.
