Agencia Excélsior/CDMX
El Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforma la estructura, gobierno y reglas de contratación de Talleres Gráficos de México (TGM), ordenamiento que prohíbe expresamente al organismo subcontratar con terceros la impresión de boletas electorales o la producción integral de materiales electorales.
La reforma, que entra en vigor este jueves, responde a irregularidades previas detectadas en el sector. En sus considerandos, el decreto señala que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, documentó tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en el propio TGM:
Contrataciones sin investigación de mercado.
Adjudicaciones directas sin excepción acreditada.
Pagos anticipados y una “dependencia significativa de terceros” para completar órdenes de producción.
Asimismo, el documento retoma la investigación iniciada en 2021 por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por probables prácticas monopólicas absolutas en la contratación pública de material electoral en el país. Candados contra la subcontratación y renovación de maquinaria
Para revertir la dependencia de empresas externas, el nuevo artículo 11 establece que Talleres Gráficos únicamente podrá contratar con terceros insumos, servicios auxiliares o procesos no sustantivos. Cualquier funcionario que autorice exceder este límite incurrirá en responsabilidad administrativa.
A la par, el organismo deberá presentar en un plazo máximo de 30 días naturales un programa de inversión para sustituir maquinaria obsoleta y ampliar su capacidad propia de producción, proyecto que será considerado dentro del Presupuesto de Egresos de 2027.Veto a proveedores sancionados y conflictos de interés
El decreto endurece los filtros sobre la cadena de suministro al prohibir cualquier contrato o subcontrato con personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
Estar inhabilitadas o sancionadas administrativamente.
Tener pliegos de observaciones no solventados ante la ASF o fiscalizadoras locales en materia electoral.
Haber sido emplazadas o sancionadas por prácticas monopólicas.
Figurar en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), restricción que se extiende a sus socios, representantes legales o firmas que compartan administradores.
También se impone un veto de cinco años por conflicto de interés para directivos y servidores públicos del organismo que hayan tenido vínculos laborales, comerciales, societarios o de parentesco hasta el cuarto grado con proveedores electorales.Precios públicos de referencia y trazabilidad rumbo a 2027
En materia de transparencia y control de costos, la Junta de Gobierno deberá fijar y publicar por primera vez en los próximos 45 días naturales —y posteriormente cada año— tarifas y precios de referencia por millar y tamaño para:
Boletas electorales y actas de casilla.
Urnas, canceles portátiles, mamparas y bases porta urna.
Cajas paquete electoral, marcadores y materiales de capacitación.
Estos tabuladores regirán los convenios para los procesos electorales 2026-2027. Además, TGM estará obligado a difundir en datos abiertos y en la Plataforma Nacional de Transparencia su padrón de subcontratistas —previa verificación técnica y financiera—, órdenes de producción y contratos; solicitar anualmente una auditoría a la ASF; y dotar cada boleta y material de folios o marcas de seguridad que garanticen su trazabilidad desde la planta hasta su entrega. Nueva Junta de Gobierno y convenios con los OPLE



