Por Héctor Estrada
Lo ocurrido recientemente en Ostuacán comenzó estremeciendo a Chiapas y terminó convirtiéndose en una de esas escenas que exhiben, al mismo tiempo, la brutalidad de la violencia y la profundidad de la desconfianza social. Y es que, el asesinato de la niña Ariana, y de su abuelita, no sólo dejó una herida imposible de dimensionar para sus familiares y su comunidad, también terminó por confirmar que cuando la sociedad deja de confiar en la justicia, la barbarie comienza a encontrar justificaciones.
Porque, cómo explicar el desenlace de ese caso, si las imágenes hablan por sí solas. No importó a los pobladores enardecidos que los presuntos responsables hubiesen sido de detenidos a sólo horas del hallazgo del cuerpo de la menor, ni el llamado del gobierno estatal para permitir que los implicados fueran puestos a disposición de la justicia. Al final, simplemente, no confiaron.
La indignación pudo más que la prudencia, la rabia terminó imponiéndose y un grupo de pobladores decidió hacer justicia por propia mano. Las imágenes que circularon después en redes sociales dejaron al descubierto una escena de violencia que, aunque algunos intentan explicar desde el dolor y la furia, no deja de representar una nueva derrota para el Estado de derecho en nuestro país.
Sin embargo, sería demasiado cómodo reducir lo sucedido a la irracionalidad de una multitud enardecida. Hacerlo significaría ignorar la pregunta de fondo: ¿qué tiene que ocurrir para que una sociedad llegue al punto de considerar que la única justicia posible es aquella que se ejerce fuera de los tribunales?
La respuesta no está solamente en la indignación provocada por un crimen desproporcionadamente cruel. También está en años de expedientes inconclusos, investigaciones cuestionadas, delitos sin castigo y familias que han tenido que aprender a vivir con la incertidumbre de no saber si algún día encontrarán justicia… Y ahí es donde el caso de Ostuacán deja de ser únicamente una tragedia local para convertirse en síntoma de un problema mucho más amplio.
Según el informe “Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio en México”, hecho público en 2022, elaborado por la organización Impunidad Cero, entre 2016 y 2021 la impunidad acumulada en homicidios dolosos alcanzó el 93 por ciento a nivel nacional, mientras que en feminicidio se ubicó en 56.6 por ciento.
Se trata de cifras que, más allá de cualquier discusión metodológica sobre los registros y la forma de medir la impunidad, describen una proporción abrumadora de homicidios que no llegaron a sentencias satisfactorias para los familiares de las víctimas y, en buena parte de los casos, tampoco han logrado esclarecerse.
Sin embargo -hay que decirlo-, el problema es que la desconfianza, por comprensible que resulte, no convierte el linchamiento en justicia. La violencia colectiva no garantiza la verdad, no repara el daño y tampoco ofrece certeza sobre la responsabilidad individual de quienes son señalados. Por el contrario, puede destruir pruebas, impedir que se conozcan los hechos completos y abrir la puerta a nuevas injusticias.
Por eso el Estado no puede limitarse a condenar lo ocurrido en Ostuacán. Tiene que demostrar que la justicia funciona, que las investigaciones avanzan, que las víctimas reciben atención y que los delitos se castigan conforme a la ley.
Sobre todo, en entidades como Chiapas, donde la violencia contra las mujeres y las niñas continúa siendo motivo de profunda preocupación. Y es que, si bien, la furia social puede tener explicaciones, la barbarie no puede convertirse en una solución. Y la responsabilidad de impedir que ambas terminen confundiéndose recae, en buena medida, en instituciones capaces de investigar, esclarecer y sancionar con oportunidad, transparencia y legalidad.
Finalmente, Ariana y su abuelita no pueden convertirse en una estadística más. Tampoco deben ser recordadas únicamente por la atrocidad de su muerte o por las imágenes de una comunidad desbordada por la furia. Su caso tendría que obligar a una revisión profunda de las condiciones que permiten que la violencia llegue a semejantes extremos y de las razones por las que tantas personas han dejado de confiar en la respuesta institucional… así las cosas.
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