Manuel Monroy | Tuxtla Gutiérrez
La legisladora del Partido del Trabajo en Chiapas, Elvira Catalina Aguiar Álvarez rememoró que junto con algunas homólogas propusieron una reforma a la Constitución Política de México, encaminada a prevenir y sancionar la violencia política en razón de género.
«La iniciativa sugiere adicionar un párrafo a la fracción VII, del artículo 38 de la Carta Magna federal» dijo y aclaró que, si bien no es facultad de las involucradas reformar la Constitución, «si lo es proponer al Congreso de la Unión realizar modificaciones a la misma».
Aseguró que con esta propuesta se cerraría la puerta por donde violentadores entran a ocupar cargos de elección popular. «Desde la Ley 3 de 3, el artículo 38 fracción VII, suspende los derechos políticos a quien tenga sentencia por delitos como violencia familiar, entre otros», recordó.
Sin embargo, la representante popular aseguró que la realidad ya rebasó esa disposición. pues esa fracción solo habla de sentencias por ciertos delitos, «pero hoy la violencia política contra mujeres no siempre llega a una sentencia penal», lamento.
Aguiar Álvarez afirmó que estas sentencias se quedan en los tribunales electorales y ahí se determina que un candidato, un funcionario o un partido ejerció violencia política de género, imponiéndole solo una multa e inscriben en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, pero en el siguiente proceso se vuelven a registrar, pues existe ese vacío legal.
Ante ello, argumentó que en el párrafo que pide modificar se solicita que también se suspendan los derechos a quien tenga resolución por responsabilidad por violencia política de género en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Y detalló: «En palabras simples. Si el INE, el Tribunal Electoral de cada entidad o los OPLE’s en los estados ya determinaron a alguien por violencia política en razón de género, no lo dejen ser candidato o candidata, pues esta ilegalidad es un delito de poder y se ejerce desde los cargos para conservarlos».
